Después de una año, a partir del 1º de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.
El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, concluirá este miércoles, por lo cual el Gobierno puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.
Luego de un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus, a partir del 1 de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.
Ayer martes por la mañana, el referente de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz dijo que «la única herramienta para que las familias no queden en la calle es extender el decreto».
«Llegamos a esta situación preocupados porque hay un montón de familias que sencillamente el día de mañana no saben a dónde van a ir a vivir porque, o acumulan deuda o tienen imposibilidad de pagar nuevos alquileres o de juntar todo el dinero para entrar a un departamento nuevo; es una situación muy complicada», detalló.
También ayer martes, la Federación de Inquilinos Nacional realizó un ruidazo inquilino en distintos puntos del país con el objeto de denunciar el abuso del mercado inmobiliario por los aumentos de precios y las condiciones cada vez restrictivas para poder acceder a una vivienda en alquiler.
La manifestación también apuntó a pedirle al Gobierno que extienda el decreto que suspende los desalojos para evitar una crisis habitacional, social y humanitaria en el medio de la segunda ola.
Asimismo sostienen que es necesario implementar un «plan de desendeudamiento de las familias inquilinas» y el control para el cumplimiento efectivo de la ley de alquileres vigente desde hace 10 meses.
A principios de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó a Télam la no extensión del decreto y afirmó que a partir de abril «no habrá posibilidad de desalojos sin mediación», una instancia que se creó en la nueva Ley de Alquileres.
El Gobierno también implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP, requisito sin el cual es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.
Protocolo para casos de desalojo
Esta semana se creó el protocolo de riesgo temprano de desalojo con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.
A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
En la misma se establecen los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó en declaraciones periodísticas que “esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias”.
“Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas”, señaló el funcionario.
También anunció que se realizará un relevamiento de información fehaciente sobre sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad, y agregó que “también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”.