El año pasado, fue juzgado y resultó absuelto su marido, Nicolás Cajal Gauffin, acusado por encubrimiento. También fue absuelto el vendedor ambulante Sergio Vargas, quien había sido imputado por participación secundaria en el homicidio y era señalado como «campana».
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, dispuso la creación de una nueva Unidad Fiscal para que continúe la investigación por el femicidio de Jimena Salas, cometido el 27 de enero de 2017. La causa quedará en manos de la fiscala especializada en Femicidios, Mónica Susana Poma, el fiscal de graves atentados a las personas, Leandro Flores, y el fiscal de derechos humanos, Gabriel Alejandro González, quienes deberán asumir de manera conjunta, con la colaboración de sus respectivos auxiliares.
Salas tenía 44 años cuando fue asesinada en su casa en el barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros. Sus hijas mellizas estaban en el lugar pero en ese entonces tenían 3 años. El año pasado, fue juzgado y resultó absuelto su marido, Nicolás Cajal Gauffin, acusado por encubrimiento. También fue absuelto el vendedor ambulante Sergio Vargas, quien había sido imputado por participación secundaria en el homicidio y era señalado como «campana». En el marco de ese juicio recién se caratuló la causa como femicidio.
En la casa de Salas, fueron encontrados dos perfiles genéticos de hombres que son parientes entre sí, pero hasta el momento siguen sin ser identificados y tampoco se conoce cuál fue el móvil del crimen.
Para dar continuidad a la investigación, García Castiella dispuso la conformación de una unidad fiscal nombrando a nuevos fiscales en la causa. Según lo anunciado por el Ministerio Público Fiscal, el procurador busca «cumplir con la premisa constitucional del afianzamiento de la Justicia y promover la actuación de la misma en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, como así también abastecer no solo el mandato constitucional que impone la actividad acusatoria, de perseguir -debido proceso mediante- el enjuiciamiento y eventual imposición del castigo penal al o los responsables del delito, sino también el derecho a la verdad, todo conforme a los paradigmas consagrados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos«.
García Castiella consideró indispensable dar continuidad a la investigación del caso, estableciendo que la representación del Ministerio Público Fiscal se ejerza por magistrados diferentes a los que hasta ahora intervinieron.