Ayer el defensor de uno de los suboficiales detenidos pidió su libertad y apuntó contra el 911.
A pocos días del brutal asesinato de una docente salteña la investigación sobre el proceder de los policías dejó un tendal de dudas sobre la efectividad del servicio de emergencia 911.
El tema, tan importante como el crimen en sí llevó al mismísimo procurador de la provincia a decir: «Jamás en 36 años de vida profesional escuché la grabación de una mujer anunciando desesperadamente que la estaban matando, ultimando a puñaladas de un modo cruel, salvaje y brutal».
El audio que tomó estado público no solo corroboró su apreciación subjetiva, sino que de alguna manera activó la conciencia pública acerca de quiénes están del otro lado del teléfono de emergencia 911.
La llamada de la mujer, último y desesperado intento por sostener la vida, cayó -por lo escuchado- en saco roto.
El punto único y crucial de la existencia de ese centro de emergencia no se había cumplido, al menos como se esperaba.
Ayer, Nicolás Vedia, abogado de uno de los policías detenidos, aseguró que los efectivos actuaron correctamente con la información que se les proporcionó desde el 911. Argumentó que «si habría sido claro el mensaje, habrían actuado en el momento» por lo que solicitó la liberación y el sobreseimiento de su defendido.
Dos suboficiales se encuentran detenidos e imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.
El abogado en diálogo radial con Central Policial dijo «a ellos les dijeron que se trataba de un problema familiar».
En tanto Benjamín Cruz, secretario de Seguridad, dijo horas antes que la difusión del audio del pedido de ayuda de la maestra es perjudicial para la familia de la víctima y de los agresores.
«Se filtró información, y nosotros lo entregamos a una sola persona», dijo.
Lo cierto es que el audio de marras provocó la imputación de un funcionario policial de alto rango, pero de ninguna manera dejó en claro qué fue lo que realmente falló en el sistema.
El audio no parece tan perjudicial desde el punto de vista de la seguridad de los ciudadanos, cuya vida se encuentra en manos de un operador telefónico.
Otro yerro
El fiscal penal de Derechos Humanos interino en feria extraordinaria, Leandro Flores, investiga una denuncia radicada por un efectivo policial por supuestas lesiones y abuso de autoridad.
La denuncia fue realizada por un efectivo policial perteneciente a la División Museo Histórico Policial, quien manifestó que durante la madrugada del lunes 4 de abril, mientras estaba de franco en su domicilio junto a su esposa y sus dos hijos menores, golpearon la puerta y que al salir y atender, encontró a su vecino, quien le pidió ayuda para cerrar la puerta de su casa. En ese momento se detuvo un móvil del Gopar del cual descendieron tres efectivos que de manera agresiva y violenta le empujaron. Al intentar explicarle al personal policial que el otro hombre era un vecino que pidió ayuda, uno de los uniformados, sin pedir identificación, se abalanzó sobre él y le aplicó una llave de estrangulación conocida como «mata león».
Fuente: El Tribuno