Habían tomado la comuna de Santa Victoria Este. Exigían que les expliquen el cese de la ayuda alimentaria, entre otros puntos.
«Queremos que el gobernador Sáenz intervenga la Municipalidad de Santa Victoria Este, rápido porque este intendente (por Rogelio Nerón) no da soluciones a sus paisanos. No reparten los vales de alimentos hace 4 meses y la gente los necesita para comprar un poquito de mercadería» expresó José Palma, cacique de la comunidad wichi La Merced Nueva.
Estas declaraciones fueron realizadas durante la toma de la Municipalidad. La misma comenzó el lunes pasado y que terminó ayer por la madrugada con una represión policial que solo aumenta el eterno castigo de la miseria que pesa sobre los wichis.
Esta etnia (Wichi), la más desfavorecida en el reparto de la buena suerte, luchó para que Nerón llegara al gobierno comunal en las últimas elecciones, hartos de una vida sin horizontes que les imponía el antecesor Moisés Balderrama.
Los originarios pensaban que con la nueva administración podrìan manejar desde adentro las políticas municipales, pero sobre todo esperaban lograr administrar los recursos que llegan al postergado Chaco salteño, donde residen las familias más pobres del país, las que no tienen servicios dignos de salud, y carecen de agua potable y de comida.
Durante la toma pacífica de la comuna, los wichis de las comunidades de Alto La Sierra, La Puntana, Misión La Paz, La Merced y otras solicitaron ser escuchados primero por Nerón, quien les ha dado sistemáticamente la espalda y luego por las autoridades provinciales. «Sabemos que está mal tomar una institución, impedir el trabajo público, pero lamentablemente no encontramos otro modo de hacernos visibles para las autoridades que nos ignoran históricamente. Es como si no existiéramos con todos nuestros problemas; o más bien es como que quisieran que nos desaparezcamos del mapa. Ya no sabemos qué más hacer para que escuchen nuestra voz», dijo el dirigente wichi Abel Mendoza.
La represión policial del viernes por la madrugada no los sorprendió ya que esta fue la respuesta que recibieron siempre a sus reclamos. Sin embargo, Mendoza comentó tras el episodio: «Estamos muy golpeados, hay uno que tiene fracturado el hombro y hay ancianos y mujeres que están mal. En la toma había familias enteras con sus niños y ancianos que reclaman porque tienen hambre».
«Tomamos la Municipalidad por la necesidad de agua, de módulos alimentarios y de programas sociales que brinda la Anses como el IFE, la tarjeta Alimentar y por los recortes del programa de tickets de 300 pesos que ya no nos dan. Siempre presentamos notas para pedirle al intendente, que también es un originario, pero el nos ignora y no sabemos qué hace con el dinero que le mandan y que es para apagar el hambre del pueblo», señaló Mendoza.
La interna política en Santa Victoria
Además, los aborígenes exigen que el intendente Nerón incorpore a uno de los hijos del difunto Pedro Lozano en el cargo de Obras Públicas que tenía su padre. «Él tiene que estar ahí y no Osvaldo Menéndez, que el único mérito que tiene es ser cuñado del intendente», afirmó Moreno, en apoyo a los originarios. De a poco, el nepotismo se apodera del gobierno de Rogelio Nerón, quien tiene a su sobrina Julieta Catardo al frente de las finanzas de la comuna y son muchos los rumores del escandaloso desmanejo de los fondos públicos en Santa Victoria Este. Por denunciarlo perdieron su puesto los que fueron puntales en la campaña de Nerón, como es el caso del exsecretario de Acción Social, Marcos Lucas, quien contó que la Municipalidad no disponía de un cajón de madera para enterrar a un pescador ahogado en La Puntana en abril pasado. Antes, ya habían enterrado a un vecino de Alto La Sierra envuelto en plásticos.