Los legisladores afrontan el desafío de evitar el papelón internacional producido el año pasado, cuando un desplante del Frente de Todos contra el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó al país sin presupuesto.
La Cámara de Diputados de la Nación comenzará hoy un debate, que se anticipa maratónico, para sancionar la Ley de Presupuesto 2023. Los legisladores afrontan el desafío de evitar el papelón internacional producido el año pasado, cuando un desplante del Frente de Todos contra el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó al país sin presupuesto. Esa decisión mostró la fisura interna del actual Gobierno; la produjo quien presidía aún la bancada oficialista, Máximo Kirchner, para boicotear el acuerdo con el FMI.
Hoy, ese acuerdo se traduce en el articulado del proyecto, aunque la interpretación del actual ministro de Economía, Sergio Massa, lo aplica con un fuerte ajuste concentrado en áreas sumamente sensibles, como la educación y la salud públicas (no consta que esa sea una exigencia específica de los acreedores).
Politización
Kirchner, obsesionado por las elecciones de 2023 en el conurbano, sigue tratando de influir en un proyecto de presupuesto con muchos indicios de «maquillaje». De hecho, su acuerdo con los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano habría influido para introducir en el texto un privilegio para su sindicato: la eximición del pago de Ganancias a favor de unos 75.000 camioneros (según las cámaras del transporte) que cobran más de $ 330.000 mensuales. Sería solo sobre la vianda, pero es evidente que solo puede ingresar en la lista de prioridades en la actual emergencia para satisfacer intereses parciales.
La politización también se pone de manifiesto con la introducción de un artículo destinado a generar una muy interesada polémica: la del pago de ese impuesto por los jueces y magistrados. Una polémica que le interesa fundamentalmente a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Se trata de un mandato constitucional destinado a preservar la independencia de los jueces, y el único intérprete de la Constitución Nacional es la Suprema Corte de Justicia. Ese tema, claramente, daría lugar a un proyecto específico de Ley, que incluya, también, las inmunidades o excepciones de que gozan quienes ocupan cargos electivos.
Otro punto crítico estará puesto en el control de la asignación de excedentes en la recaudación. Con una inflación subestimada, el margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el manejo de recursos se duplica. La proyección planteada en el texto, del 60% para 2023, equivale al 50% de las estimaciones técnicas de los economistas. Y el gasto discrecional siempre responde a los intereses políticos del poder central.
Educación y Salud
Un informe de la fundación Argentinos por la Educación destaca que el presupuesto presentado por el ministro Sergio Massa prevé una reducción del gasto, en general, de 6,8%, pero el ajuste no es parejo. El área educativa sufre un recorte de 15,5% y se ubica entre las áreas con mayor disminución de recursos; el área de Salud, a su vez, cae un 19,2%.
En cambio, se incrementan sustancialmente las asignaciones para el Ministerio del Interior: 33,3%; el Servicio de la Deuda Pública sube 18% y las Obligaciones a cargo del Tesoro, 13,9%.
Es decir, se privilegia al gasto político y al pago de intereses de la deuda total del Estado nacional.
Un estudio del economista Héctor Giuliano señala que la deuda pública de la administración nacional es de US$ 393.500 millones. Estima el experto que en 2023, deberá afrontar vencimientos en concepto de capital de US$ 103.000 millones, que se refinanciarán con más endeudamiento en el mercado local y el mercado externo de capitales. Sólo en concepto de intereses, el Estado debe pagar en 2023 US$ 58.300 millones.
El debate llevará unas 24 horas, entre el mediodía de hoy y avanzada la noche de mañana. Gran parte de la oposición está dispuesta a la aprobación en general, y en la discusión minuciosa de cada artículo que se vote.
«El país no se puede quedar sin presupuesto -dicen- pero un articulado sesgado y sectorializado no es un presupuesto».
Las variables de ajuste
El proyecto de Presupuesto 2023, que desde hoy debate la Cámara de Diputados, privilegia el gasto político y el pago de la deuda contraída por el Estado (la del FMI no llega al 12% del total y es la más barata), posterga a la Educación y a la Salud Pública. Si bien el 6% del PBI que ordena la Ley General de Educación se integra con otras fuentes, el Estado nacional va a achicar su parte en un 15,5%. Y el 19,2% de ajuste en Salud no se explica por la menor demanda de vacunas, porque hay muchas otras urgencias. Es cierto, además, que la deuda hay que pagarla, pero ¿cómo entender el incremento del 33,3% en el presupuesto que manejará el ministro político Eduardo De Pedro?
La reacción del sector educativo no tuvo grietas.
El secretario general de CTERA, Roberto Baradel, fue categórico: «Educación no tiene que tener recortes; su presupuesto tiene que aumentar». Y la ministra porteña del área, Soledad Acuña, afirmó: «Todas las áreas sociales son las más afectadas. Son la variable de ajuste. La pregunta clave es la doble moral de quienes toman esta decisión».