La solicitud responde a la “urgente necesidad de empezar a reparar y dar oportunidades reales de trabajo” a las personas trans, travestis y transgéneros de la provincia.
La organización Mujeres Trans Argentina (MTA) y la Cátedra abierta de Géneros y Disidencias Lohana Berkins de la Universidad Nacional de Salta pedirán hoy a la Corte de Justicia de Salta que aplique el cupo laboral trans. El objetivo primero es garantizar la inclusión en las dependencias administrativas del Poder Judicial local.
Las presentantes aseguraron que la solicitud responde a la “urgente necesidad de empezar a reparar y dar oportunidades reales de trabajo” a las personas trans, travestis y transgéneros de la provincia. A pesar de que está vigente Ley 26.743 de Identidad de Género el colectivo sigue siendo vulnerando sistemáticamente en relación a los derechos más básicos, como el trabajo y el acceso a la salud pública.
La referente provincial de MTA, Luz Bejerano sostuvo que el pedido tiene que ver con todo lo que vienen reclamando. El cupo laboral trans “es necesario dentro de estos lugares para que estos espacios sean reivindicados y que la incorporación trans sea en todos los ámbitos”, aseguró. Dijo que ahora el pedido se hace al sistema judicial, pero adelantó que «el mismo proyecto será presentado en otros espacios para que haya más inclusión”.
“El cupo es el puntapié inicial para que el Estado responda a nuestras políticas para que sean reales y nos permitan seguir luchando por nuestros derechos, nuestra visibilidad y nuestra aceptación por parte de la sociedad”, expresó la referente de MTA.
A su vez, la integrante de la Cátedra Lohana Berkins, Natalia Gil, afirmó que el impulso para la presentación en la Corte de Justicia se debió a la aprobación del cupo laboral trans dentro de la Justicia tucumana. En febrero de este año, Tucumán dijo que sí al cupo y desde julio se habilitaron los formularios para que las personas trans, travestis y transgéneros puedan inscribirse. Además, “los cupos se vienen presentando en distintos municipios y también, se busca en Capital y en la provincia de Salta”, destacó Gil.
“Hemos recolectado datos cuantitativos y cualitativos para que se vea la necesidad del colectivo en Salta”, aseguró la docente. El documento que se presentará ante el presidente de la Corte, Guillermo Alberto Catalano, evidencia un registro detallado de los datos sociales y económicos del colectivo trans, travestis y transgéneros.
Gil dijo que ven «en el cupo una herramienta para lograr la real inserción”. En esa línea cuestionó aquellos dichos que afirman que pedir cupo “es como si fuera un privilegio”. “No es así cuando se entiende toda la situación porque con el cupo se permite la inclusión laboral real”, subrayó. En general, el cupo que se pide es del 1%.
Ruta de violencias
Dos informes se presentarán para graficar el panorama ante la Corte de Justicia. El primero, sobre el relevamiento a la población trans, travesti, transexuales, transgénero, intersexuales y hombres trans en Salta elaborado en 2016 por la MTA y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM). Y el segundo, referido a la encuesta a la población trans llevada adelante en el departamento San Martín durante 2018.
En este sentido el documento presentado ante la Corte sostiene que se puede «dar cuenta de la ruta de violencias que desencadena una larga sucesión de eventos críticos que conducen a la muerte prematura de mujeres trans, que tiene su génesis prácticamente en la primera infancia”. En Argentina la expectativa de vida de una mujer trans ronda los 38 años, casi la mitad de la de la población en general.
En esa línea, el primer espacio donde las personas trans, travestis y transgéneros sufren la violencia y la expulsión, en la mayoría de los casos, es en la propia familia. «Aunque aparentemente esto sucede cada vez con menor frecuencia dados los avances obtenidos a través de la lucha, esto ha configurado por generaciones como un punto de quiebre radical», resaltaron.
La expulsión temprana del hogar inflige «una herida afectiva del todo significativa» y «conmina a las personas trans a una cascada de situaciones de discriminación, estigmatización, violencia y muerte», puntualizaron en el escrito.
A esta primera secuela, se suma la asistencia a las instituciones educativas donde se sufre un continuo acoso físico y psicológico lo que lleva a la segregación y, de manera casi invariable, en el abandono de los estudios. Las encuestas de 2016 marcan que “en Salta Capital solo el 49% de lxs encuestadxs había completado los estudios secundarios».
Ese porcentaje asciende a 52% en el relevamiento realizado en el departamento de San Martín. «En gran cantidad de casos, de manera concomitante a la deserción escolar, se establece el proceso de transformación corporal», agregaron.
En esta cadenas de violencias, se registró que en la Capital de Salta el 67% de las personas trans travestis ejercen o ejercieron la prostitución. Y el 59% lo hizo en San Martín. «Los informes dan cuenta, además, de que la mayoría de las personas trans-travestis no desean continuar viviendo de la prostitución», manifiestan en la nota que será presentada hoy.
Esto se reveló en la encuesta en el departamento San Martín, donde el 82% de las personas trans travestis afirmaron no querer seguir en el ejercicio, «Pero asimismo manifiestan que el acceso a instancias formales de trabajo les resulta sumamente dificultoso aun cuando cuentan con estudios y capacitaciones varias».
En cuanto al acceso real de trabajo registrado, el documento cuenta que el porcentaje en Salta es «ínfimo». De esta manera, «la situación socio-económica del colectivo corresponde en la mayoría de los casos a condiciones de pobreza y, en algunos casos, de indigencia”, según relató un trabajo publicado este año por Gil y María Pía Ceballos en la Revista de estudios y políticas de género «El lugar sin límites».
A esta realidad se suma que existe una «desproporción entre el interés por capacitarse y encontrar trabajos y la inserción laboral efectiva». «Tanto en Salta Capital como en el Departamento San Martín, más del 50% de lxs compañerxs realizaron o se encontraban realizando algún tipo de capacitación, lo que demuestra un alto grado de preocupación por tener mejores opciones de trabajo», consignaron en el escrito.
Sin embargo, en cuanto a los ingresos mensuales, en Capital y San Martín «solo entre el 5% y el 6% habían superado los montos estipulados por esos años (2016 y 2018) como Salarios Mínimos«, que iban de $8.000 y $9.500. Por último, en la capital salteña el 61% recibió montos menores. En San Martín «el 28% estuvo por debajo del Salario Mínimo y el 66% eligió la opción NS/NC”, según el trabajo de Ceballos y Gil.
El agravante de la pandemia
Gil dijo que la situación del colectivo trans, travesti y transgénero se profundizó para mal con la pandemia. “En tiempos ‘normales’ la vida de las compañeras está siendo vulnerada en todos los ámbitos, aún cuando la Ley de Identidad de Género ha venido a salvar”, indicó. Aún con la ley, Gil aseguró que “no ha llegado a su cabalidad”. En consecuencia, y con una pandemia de por medio, “la situación se exacerba porque las compañeras que tenían trabajos informales ya no lo pueden hacer”.
Por su parte, Bejerano dijo que sus «únicos ingresos se daban en las calles y ahora no tenemos nada”. Aseguró que con las ayudas nacionales, como el Ingreso Familiar Obligatorio (IFE) y el programa Potenciar Trabajo, “se pudo abarcar a un gran número de compañeras, pero no es suficiente aún”.
“A nivel nacional hemos tenido respuestas”, afirmó. Dijo que esto se dio gracias a la creación de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad dentro del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y que tiene al frente a la militante trans Alba Rueda y en su equipo a la salteña María Pía Ceballos.
Bejerano contó que con el programa Potenciar Trabajo se posibilitó que cerca de 200 personas trans lo puedan cobrar y así impulsar los emprendimientos que van desde lo textil hasta la organización de eventos. Aún así, «más de 100 quedaron afuera”, señaló.
En cuanto al nivel provincial, la referente dijo que esperan respuestas. Contó que se hizo tres veces el pedido de módulos alimentarios para las personas del colectivo y la solicitud de ayuda a los merenderos a su cargo. “Deja mucho que desear la política provincial porque a nivel nacional se habla y somos agenda política y acá Sáenz no nos atiende el teléfono y no se quiere juntar con nuestro sector”, cuestionó.
Gil dijo que ante el contexto pandémico se estuvo presionando “mucho” al gobierno provincial y municipal pidiendo los módulos alimentarios. Además, se realizaron colectas de alimentos desde las organizaciones sociales.
La docente sumó dos problemáticas al estado actual, el acceso a la salud pública, dado que “muchas compañeras se dejan de hacer los controles” por las restricciones existentes. La segunda es que “han sido desalojadas de sus alquileres y tuvieron que volver a casas de sus familiares, en la mayoría de los casos”. “El colectivo necesita una respuesta inmediata y rotunda y el cupo laboral trans es un mínimo para empezar una reparación histórica pendiente”, señaló Gil.