Según decretó el Ministerio de Economía de la Nación los ciudadanos con mayor capacidad de pago comenzará a abonar las tarifas plenas, de gas y luz, sin subsidios.
Luego de que el gobierno nacional estableciera ayer un régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red, en Salta todavía no hay definiciones sobre la implementación de la medida y se aguardan novedades al respecto.
Según decretó el Ministerio de Economía de la Nación los ciudadanos con mayor capacidad de pago comenzará a abonar las tarifas plenas, de gas y luz, sin subsidios. Se trata de un 10 por ciento de la población que incluye a quienes tienen ingresos mensuales y netos superiores a un valor equivalente a 3.5 canastas básicas totales, es decir más de $300 mil, o bien son titulares de tres o más automóviles con una antigüedad menor a cinco años o de tres o más inmuebles. También están incluidos quienes tienen una aeronave o embarcación de lujo o activos societarios que reflejen «capacidad económica plena».
Además, se determinaron otros dos niveles de usuarios: el segundo integrado por los beneficiarios de la tarifa social, y el tercero es un nivel intermedio entre los dos anteriores. Los ciudadanos que deseen mantener el beneficio tendrán que registrarse y firmar una declaración jurada para seguir cobrando el subsidio.
“A los fines de identificar la capacidad de pago de cada usuario de los servicios, debe mejorarse la información disponible”, dice el decreto 332/2022. Para eso se va a crear un Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), con un padrón de beneficiarios.
Consultado sobre el nuevo decreto, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, respondió a El Tribuno que comenzaron a analizar la resolución de la Nación pero que no hay definiciones sobre cuándo y cómo se aplicará.
“Ciertamente que el que tiene solvencia en estos tiempos de crisis tiene que sacrificar, al menos, la prebenda del Estado y el que no tiene es el motivo de contención”, opinó.
Consideró importante que se dirima la situación. “El primer criterio para nosotros es que AMBA sea el que sacrifique todos estos beneficios, que hablan de mucho centralismo y de un relegamiento del interior”.
Hizo hincapié en que se oponen a la idea de recortar subsidios por zonas porque en un mismo sector puede haber usuarios con distinta capacidad de pago. Valoró que se impusiera como criterio la solvencia. “Era lo que queríamos. Vamos a ver qué idea concreta tienen. Cuando tengamos definiciones las vamos a informar”, finalizó.