Luego de que ocurrieran tres femicidios en una semana, el movimiento feminista exige mayor presupuesto y rechaza la “creación del comité interinstitucional permanente de actuación ante la desaparición y extravíos de mujeres, niñas o personas de la diversidad”.
Un centenar de organizaciones sociales provinciales, del país y a nivel internacional adhirieron a un comunicado del feminismo jujeño que señala la inacción del gobierno de Gerardo Morales ante la desaparición de mujeres y los femicidios. Exigen medidas de emergencia para constrarrestar la violencia de género con mayor presupuesto, capacitaciones y participación del movimiento feminista. También rechazan la ley 6.185 aprobada la semana pasada.
Las organizaciones feministas, del movimiento de mujeres, las disidencias sexuales y demás organizaciones sociales y políticas rechazan la Ley 6.185, de «Creación del comité interinstitucional permanente de actuación ante la desaparición y extravíos de mujeres, niñas o personas de la diversidad». El proyecto fue aprobado por la Legislatura de Jujuy y fue una de las medidas tomadas por Morales luego de tres femicidios y cuatro días de marchas la semana pasada en toda la provincia.
«Fue una ley de aprobación express y sin consenso con otros bloques de la Legislatura, que vienen trabajando la temática de la violencia de género. Además, se excluyó del consenso también a las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres, que venimos sosteniendo el acompañamiento, la contención y asistencia a las víctimas y sus reclamos por justicia y políticas públicas efectivas, desde hace muchísimos años. Esto es una provocación a la movilización popular de los últimos días», sostiene el comunicado.
Para el feminismo, la ley es «burocrática y adolece de operatividad». Detallan que establece atribuciones y funciones que ya están asignadas a otros organismos y que el gobierno no aplica, por lo que consideran que «entorpecerá y provocará una enorme confusión» en los procedimientos existentes. Otros cuestionamientos plantean que la legislación no contempla la contención y acompañamiento de las familias de las víctimas y que no es una medida que apunte a la prevención contra las violencias de género y femicidios.
Las organizaciones criticaron que el gobernador haya hecho mención a la «ausencia de legislación nacional» desconociendo la existente. «¿El ministro Ekel Meyer no sabe que, desde 2017, existe un protocolo (Resolución 005- MS/2017), de su propio ministerio y que él no aplica? Declara que se hizo todo desde el minuto cero, lo que contrasta, claramente con el clamor de las familias de las víctimas, denunciando el abandono y la inacción policial. Un ministro de seguridad que culpabiliza a las víctimas, ignorando la inacción del Estado y desconoce lo más elemental sobre la problemática de las violencias de género en el ámbito doméstico», afirmaron.
El feminismo plantea que más que leyes o protocolos nuevos, se necesita el cumplimiento de la normativa existente. El pedido apunta a que haya capacitaciones a agentes estatales, presupuesto e insumos necesarios, para proteger a las mujeres, infancias, adolescencias y disidencias sexuales.
«Venimos reclamando que el presupuesto provincial se elabore con perspectiva de género y con participación de las organizaciones. Para proteger a las mujeres de la violencia patriarcal, para prevenir las violencias basadas en género y para erradicarla se necesitan recursos, trabajadoras/es con remuneración digna, con capacitación permanente, con insumos disponibles para realizar el trabajo necesario», sostuvieron.
Las exigencias al gobierno de Morales apuntan a «medidas de emergencia» en cuyas decisiones reclaman participación. «Repudiamos la represión y el hostigamiento policial a las masivas movilizaciones en distintos puntos de la provincia contra los femicidios, solidarias con las familias de Iara, Gabriela, Roxana, y Cesia. El Estado y el Gobierno de Jujuy son responsables», manifestaron las organizaciones.
En septiembre fueron asesinadas cuatro mujeres: Cesia Reinaga, quien estuvo antes 10 días desaparecida en Abra Pampa; Iara Rueda, desparecida durante 5 días en Palpalá; Gabriela Cruz, que permaneció 7 días desaparecida, en Palpalá. Además, la militante social Roxana Mazala fue asesinada en Perico por su ex pareja, quien después se suicidó, el martes pasado luego de que la mujer participara en la marcha por Iara y Gabriela, que se hizo el lunes 28.
«A Roxana la única opción que le dio el gobierno fue que se pague un lugar para no volver a vivir con su femicida. Y el ministro Ekel Meyer dijo que volvió ‘voluntariamente’ ¿es voluntario cuando no tenés opciones ni acompañamiento?», sostuvieron desde las organizaciones sociales. «El gobierno provincial no contuvo, no acompañó, no intervino, no buscó y claramente no estuvo a la altura de las circunstancias», denunciaron.
No fue femicidio
Este lunes se realizó la autopsia al cuerpo de Berta Luz Jaramillo, la mujer que murió este fin de semana en Fraile Pintado. Según informó el Ministerio Público de la Acusación, los resultados preliminares de la pericia forense determinaron que la causa de su deceso fue una “cardiopatía congénita severa y edema pulmonar agudo”. Se estableció que no hubo heteroagresión, ni agresión de terceros, descartando así la hipótesis del femicidio.
Se informó que los resultados confirmaron la causa de deceso establecida por el médico del Hospital de Fraile Pintado. La autopsia fue realizada por el médico forense del Ministerio Público de la Acusación, Ariel Toledo, y participó el médico forense de la Policía, Lindor Zeballos.
El cuerpo será entregado a su familia. El esposo recuperó su libertad y por el momento no fue imputado. No obstante, la investigación penal «proseguirá y se complementará con diversos elementos de prueba tales como el informe final de autopsia, y la declaración testimonial de un cardiólogo, que atendió a la mujer en San Pedro de Jujuy, quien remitió la ficha médica de la fallecida, siendo este profesional el que había diagnosticado esta cardiopatía severa», anunciaron desde el Ministerio Público.