La solicitud de información se hizo en el marco de un amparo que hace 8 años iniciaron los vecinos del curso de agua que atraviesa la ciudad de Salta, contaminado por líquidos cloacales.
A la contaminación ya confirmada por expertos en un informe que se elevó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) el año pasado, se sumó una nueva afectación a los vecinos que viven en zonas aledañas al río Arenales: el dengue. Ante informaciones sobre un brote con más de 60 personas infectadas por el virus que transmite el mosquito Aedes aegypti, el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, libró oficios al Ministerio de Salud Pública, al Centro de Salud del barrio Ceferino y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad para que informen sobre la situación. Según el último reporte de la cartera de Salud, en Salta Capital se confirmaron hasta ahora 184 casos de dengue.
Al igual que el informe del CIF, el oficio judicial se enmarca en una causa iniciada en 2012 por los vecinos que viven en la ribera del río o en zonas aledañas. El recurso de amparo se radicó tras los perjuicios que generaron a los vecinos las inundaciones que hubo en 2011. En aquel momento hubo familias que perdieron la totalidad de sus pertenencias, ahondándose las condiciones de vulnerabilidad en las que viven.
Además de la empresa Marozzi, en la causa se encuentran demandados los estados provincial, municipal y la empresa Aguas del Norte. En más de una ocasión se hicieron compromisos de reubicar a los vecinos que se encuentran en las zonas más vulnerables, como es el caso de Amelia Mercado, una de las querellantes.
Pero además no concretar estos compromisos, reiteradas veces denunciaron el incumplimiento de las medidas dictadas por el juez Domínguez, entre ellas, la disposición de un cordón sanitario, el mantenimiento, limpieza y desmalezado de la zona, y la orden de impedir más asentamientos.
La pandemia de la Covid-19 frenó la posibilidad de monitorear estás disposiciones, pero aparecieron nuevos hechos.
“Me empecé a sentir muy mal, con dolor en el estómago y el cuerpo. Y me doy con que tenía dengue”, dijo Mercado. A las pocas semanas de su malestar, contó que un niño de 12 años tuvo que ser derivado de emergencia al Hospital Materno Infantil por su delicado estado de salud. En el informe de “epicrisis” del paciente se indicó que ante la epidemiología positiva de su entorno, se sospechaba también de dengue. El niño tuvo que ser internado en dos ocasiones a raíz de los síntomas que presentaba. Finalmente se confirmó que se trataba de dengue.
“Han venido a fumigar. Pero eso fue peor”. Sucede que, como contó la mujer, los mosquitos terminaron por esparcirse. Y el repelente se repartió “sólo a los que tenían dengue”, mientras que al resto, no. “Estamos pidiendo que nos reubiquen y no nos dan respuestas”, afirmó. Este pedido viene desde el momento de las inundaciones.
Pedidos de información y recusación
Ante las denuncias del brote de dengue los abogados Pedro Arancibia y Julio Chávez pidieron a Domínguez que solicite información al Ministerio de Salud y el Centro de Salud de Ceferino. Se requería que respondan si “en los últimos 90 días se ha verificado un brote de dengue, chicunguña o zica en barrio o zonas adyacentes al río Arenales, en su caso indique cantidades registradas, edades, localización de los casos reportados y centros médicos que hayan atendido o intervenido en el caso. Asimismo, indique el estado de situación sanitaria en relación a las medidas cautelares dispuestas por el Juzgado”, indica la presentación elevada en mayo.
También solicitaron que se ordene a la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Salta informes sobre “el estado de situación de los agentes contaminadores denunciados a este proceso que arrojan sus efluentes o desechos al río Arenales o a sus afluentes, indicándose las medidas efectivamente realizadas para su monitoreo, control, mitigación o restauración en el caso que corresponda y si las empresas controladas cuentan con los respectivos seguros ambientales, indicando en su caso quien o quienes no presentaron aún dicha documentación, conforme lo informara esa Municipalidad anteriormente”.
Frente a un posible retraso en las actuaciones por ser el juez actuante una persona incluida en los llamados grupos de riesgo afectados por la pandemia, los abogados solicitaron su recusación con el fin de que la ejecución de la sentencia sea dirigida por otra magistrada o magistrado. Domínguez rechazó lo solicitado por entender que ese pedido no contaba con sustento legal alguno, y libró los oficios para contar con información oficial de las denuncias.