El Colegio y la Caja de Abogados y Procuradores de Salta presentaron una demanda de amparo constitucional, exigiendo que se retome la actividad en la justicia salteña. Hoy, realizarán un bocinazo a modo de protesta.
El Colegio y la Caja de Abogados y Procuradores de Salta presentaron ayer una demanda de amparo constitucional, cuyo objeto es que se ordene el inmediato restablecimiento de la prestación plena y efectiva del servicio de justicia en Salta.
Las instituciones están representadas respectivamente por Humberto Pedro Burgos (h), presidente y María Emilia Carbajal, presidenta, con el patrocinio letrado de la Dra. María L. Falconier Diez. Ellos presentaron demanda de amparo constitucional, con el objeto que se ordene el inmediato restablecimiento de la prestación plena y efectiva del servicio de Justicia.
En la misma, también solicitan que se declare la inconstitucionalidad de las acordadas 13.175 y 13.201 y la resolución N´ 1.079 del Ministerio Público, por no hacer efectivo el derecho de Acceso a Justicia, Tutela Judicial efectiva, y en particular de los abogados y abogadas a trabajar y ejercer la profesión.
En dicha presentación solicitan que se ordene el restablecimiento definitivo de la prestación regular del servicio de Justicia, hasta dar cabal cumplimiento a las disposiciones constitucionales y convencionales.
Buscando visibilizar su reclamo, fue convocada, con todas las prevenciones y cuidados de medidas sanitarias, una libre y pacífica manifestación, que consistirá en un bocinazo el día viernes 25 de septiembre a horas 11 en la Ciudad Judicial o Tribunales de cada distrito Judicial de la provincia.
Las medidas del Poder Judicial
El Poder Judicial de Salta dispuso la noche del miércoles que los jueces continúen sus trabajos de manera remota, frente a la emergencia sanitaria y las disposiciones impuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio en capital, Orán y otros departamentos del territorio provincial.
Así se pretende asegurar el funcionamiento de la Justicia, ya que tras la acordada firmada se ordena que los jueces y juezas, funcionarios y funcionarias que no concurran de manera presencial a sus oficinas deberán prestar servicios en forma remota.
Asimismo, el Poder Judicial recuerda el avance tecnológico que logró en principios de 2019, con la implementación de una plataforma virtual que cuenta con el soporte necesario para el almacenamiento y procesamiento de los expedientes digitales, lo que permite hacerle frente a las complicaciones que acarrea la pandemia.