Entre algunos de sus puntos más polémicos, figuran la ampliación de 8 a 12 horas de la jornada laboral; la posibilidad de pagar una parte del salario en “ticket canasta o restaurant”y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia.
Impulsado por un triunfo rotundo en las urnas, Javier Milei blanqueó este lunes la secuencia de reformas que intentará activar. Entre ellas, figura en primer lugar la modificación de la legislación laboral.
“Para la [reforma] tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible, de modo tal que, al bajar las alícuotas, no tenga sentido la evasión. O sea, que la gente no quiera estar en lo informal. Pero antes, debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos”, dijo este lunes el Presidente en A24. Y agregó, en un desafío, a la CGT: “Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados”.
El Gobierno presentó el año pasado un proyecto de ley de reforma laboral después de haber resignado 42 de los 58 artículos que contenía su propuesta original incluida en la Ley Bases. La iniciativa que cuenta con el aval de la Casa Rosada es la que presentó al cierre de 2024 la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei.
La iniciativa, cuyo título es “ley de promoción de inversiones y empleo” no contempla cambios en lo relativo a la recaudación y a la democracia de los sindicatos, ejes de otros proyectos de ley impulsados por los aliados de Pro y la UCR que no prosperaron por una fugaz tregua que sellaron el Gobierno y la CGT durante el año pasado.
La propuesta de Diez, que cuenta con el respaldo del bloque libertario, apunta, sobre todo, a dar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para contratar empleados. Una suerte de RIGI para inversores más modestos. En lo estrictamente laboral, permite fragmentar el período de vacaciones, la instrumentación de sistemas de banco de horas y otros esquemas flexibles a través de convenios colectivos, y la definición de derechos y plazos en casos de enfermedad o accidente.
Sin embargo, en la letra chica reproduce algunos de los artículos del capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)70/23, que fue suspendido por la justicia laboral y está pendiente de una definición de la Corte Suprema.
Entre algunos de sus puntos más polémicos, figuran la ampliación de 8 a 12 horas de la jornada laboral; la posibilidad de pagar una parte del salario en “ticket canasta o restaurant”, algo ya objetado en fallos de la Corte, y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia.
El Gobierno, además, a través del secretario de Trabajo, Julio Cordero, manifestó su deseo de avanzar sobre los convenios colectivos para revisar la obligatoriedad de los aportes y el concepto de ultraactividad. La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. También generó ruido la intención de Cordero de modificar la negociación salarial. Aspira a que se discutan paritarias por productividad y por empresa, como sucedió en los 90.
El secretario de Trabajo habló de negociaciones “dinámicas”, un atajo retórico al que ya había apelado Domingo Cavallo cuando el gobierno de Carlos Menem limitó por decreto [1334/1992] los aumentos y los ató a la productividad. Cordero, que responde directamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, admitió sus intenciones durante el coloquio empresario de IDEA y luego lo ratificó al exponer la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
Cordero, que se desempeñó durante 35 años como abogado del Grupo Techint, es uno de los cerebros detrás de la reforma laboral. Participó en la elaboración del capítulo IV del DNU 70/23 desde las sombras, mucho antes de haber sido parte del Gobierno, cuando todavía seguía trabajando en el sector privado.
La intención de Milei es tomar el proyecto de ley de Diez como base y añadir las sugerencias que surjan del Consejo de Mayo, donde hay un representante de los gremios (Gerardo Martínez) y otro del empresariado (Martín Rappallini). La estrategia oficial fue confirmada por Cordero. En tanto, Diez no respondió a las consulta.
Martínez, en nombre de la CGT, ya expresó su rechazo. “La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazado por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical”, planteó el jefe de la Uocra en una suerte de carta abierta para fijar la postura de la central obrera. Y agregó: “En las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT, con argumentos y definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23″.
Milei imagina el proyecto de Diez como un atajo para incorporar a la formalidad a cerca de 8 millones de trabajadores que están hoy en la economía informal. Lo ve como un paso necesario y previo antes de avanzar con una reforma tributaria.